No hay brotes verdes para la abogacía

Se hace difícil resumir un año en unas breves líneas cuando han sido tantos los acontecimientos ocurridos y entre los que no se puede olvidar el manto que ha cubierto todo: la crisis más grave padecida desde los tiempos de la gran depresión. Y esta crisis salvaje, para la que por cierto somos muchos los que estamos esperando que suponga un transitar por los juzgados de los responsables de ella, en lugar de un paseo a través de las alfombras de la Moncloa, ha afectado especialmente a los abogados.

En contra de la creencia popular, uno de los colectivos al que más daño le ha hecho la tan citada crisis económica es el de los letrados, pues no se puede ni se debe de olvidar que la ausencia de dinero circulando supone en la práctica que no se realiza igual número de negocios, que no se producen adquisiciones ni ventas o que las escrituras se firman a un ritmo muy inferior, lo que se traduce en ausencia de controversias jurídicas. Y todo ello ha llevado a muchos despachos de abogados a cerrar o a mudarse a la vivienda. Y los que creen que al existir más impagados los abogados trabajan más, se equivocan, porque sólo unos pocos llevan más litigios. Pero la mayoría, cuando no existen bienes del deudor, opta por no ejercitar ninguna acción puesto que tener una sentencia condenatoria contra alguien no supone, en modo alguno, que ella se ejecute y que el acreedor cobre.

El año que acabó también supuso el intento por parte de la Administración de recortar las ya de por si exiguas cantidades que los abogados del turno de oficio perciben por su trabajo. El borrador del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita establecía, en un hecho sin precedentes, un recorte sustancial que en algunas actuaciones llegaba al 100% de la cantidad que la Administración destina al colectivo de abogados del turno de oficio. Resulta evidente que el incremento importante del gasto en las partidas correspondientes a la justicia gratuita no se trata de una cuestión casual. Si se incorporan a nuestro ordenamiento tipos penales como el de los delitos contra la seguridad en el tráfico vial, que suponen una ingente cantidad de actuaciones cada año y antes no se producían, con el consiguiente incremento en igual proporción de actuaciones de los letrados de oficio que se encargan de garantizar el sagrado derecho de defensa, resulta obvio que el dinero que tiene que destinar la Administración a ese apartado aumenta.

Si se dota, y nos parece excepcionalmente bien, de asistencia jurídica a las víctimas de violencia doméstica, huelga decir que también se produce un incremento en las actuaciones de los abogados de oficio. Y si unimos a ello el hecho también incontrovertible de que la crisis ha supuesto que un gran número de personas que antes, por sus ingresos, no tenía derecho a la asistencia gratuita y ahora, al desparecer o menguarse éstos, si que tienen dicho derecho, tenemos la explicación clara y contundente del porqué se ha incrementado el coste del turno de oficio. Sentado pues que han sido las circunstancias legislativas y de crisis económica las que han motivado el incremento en el gasto del turno de oficio, no se entiende que la primera reacción de la Administración para intentar reducir ese gasto sea la de rebajar las ya de por si bajas cifras que se abonan por el turno.

La respuesta contundente dada por parte de los abogados del turno de oficio en las siete islas ante ese borrador de decreto hizo que la Administración, en un gesto que le honra, lo retirara y decidiera comenzar de cero. Igual que se critica, y es muy fácil, a los políticos cuando se equivocan, debemos tener la valentía, también, de felicitarlos cuando corrigen. Y en ese sentido no nos duelen prendas en reconocer la cintura de los máximos representantes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad al retirar el borrador de decreto. De cómo se desarrollen los acontecimientos en orden a un posible acuerdo respecto a la remuneración del turno dependerá el que esa felicitación por la rectificación se convierta en una enhorabuena por el acuerdo que se pueda alcanzar.

También debe destacarse del año 2009 en el ámbito legislativo la entrada en vigor de las leyes 17 y 25 de 2009, que vienen a establecer un nuevo marco en el que se deben prestar los servicios profesionales y, por tanto, los que corresponden a los letrados. Así, aunque la citada normativa busca la presunta plena liberalización del mercado, con los también presuntos beneficios que ello puede comportar, debemos ser críticos con estas apuestas que realiza el legislador porque está demostrado que la ausencia de regulación no supone, por sí misma, una mejora en la prestación de los servicios, sino, en la mayoría de los casos, un perjuicio tanto para los profesionales como para el usuario.

Obras paralizadas

La paralización en la tramitación de la ejecución de las obras del nuevo palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife, al que ya ni siquiera se le pone fecha de finalización, va a suponer en los próximos años una nueva merma en la calidad de la justicia al no contar ésta con los medios adecuados para ser impartida. A la situación actual de dispersión de órganos judiciales vamos a añadir la que se producirá ahora hasta que finalice el palacio de justicia, del que, por cierto, no se ha puesto aún ni la primera piedra, pues los nuevos órganos que se vayan creando necesariamente se tendrán que ubicar en distintas sedes, que, probablemente, tendrán que ser alquiladas, con lo que el dinero que destinará la Comunidad Autónoma al pago de estos locales será siempre a fondo perdido. Pero está claro: cuando hay que ajustarse el cinturón, los primeros afectados siempre son los mismos. La primera consejería que sufre los recortes es la de Justicia.

No estaría mal importar algunos modelos de Europa, donde se saca del debate político presupuestario el porcentaje que se debe destinar a la Justicia y, gobierne quien gobierne y sea la situación económica la que sea, de antemano se conoce cuál va a ser la dotación presupuestaria para poder tener una Justicia de la que podamos predicar, al menos, que es digna.

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