No comparto las tesis de los que consideran que la Educación canaria es una auténtica catástrofe, la opinión de los que estiman que nunca antes habíamos tenido peores parámetros educativos. Tampoco defiendo, por supuesto, ninguna tarea maquilladora de los problemas realmente existentes. Es mejor saber cómo estamos, conocer en profundidad los avances y déficit, si queremos marcarnos objetivos para superarnos.
Cuando se produjeron las transferencias en Educación, a mitad de los años ochenta, el sistema educativo canario era un auténtico erial: elevados niveles de analfabetismo y bajos de escolarización, plantillas docentes insuficientes, infraestructuras mínimas y obsoletas que obligaban a desdoblar los centros educativos en varios turnos; junto a una enseñanza al margen de la realidad de nuestra Comunidad que no posibilitaba que nuestros escolares conocieran los barrancos de su tierra, su historia o su literatura. Recuerdo una pequeña prueba que planteé a un grupo de alumnos de un centro de Primaria de Gran Canaria a mitad de los años 80: fueron incapaces de nombrar municipios de los otros seis territorios insulares; y preguntados por los nombres de las Islas, un 35% incluyó a Mallorca, Menorca o Ibiza, de las que tan cerca nos encontrábamos en aquellos mapas que nos situaban en el mar Mediterráneo.
Desde entonces distintos gobiernos realizaron un esfuerzo ingente para establecer una red de centros que alcanzara a todos los rincones de nuestras islas, mejorando sustancialmente las plantillas de profesorado y las propias retribuciones de estos. Alcanzando, sin duda, los mayores niveles de escolarización de nuestra historia y multiplicando el número de alumnado que se forma en nuestras universidades. Ese conjunto de acciones ha permitido elevar notablemente el nivel educativo de los hombres y mujeres de Canarias en pocas décadas. Pero es insuficiente. Seguimos ocupando lugares de cola en éxito escolar y encabezando, junto a Baleares, el abandono escolar. A ello ha ayudado nuestro modelo económico, centrado en la construcción y en los servicios, que atrajo mucha mano de obra juvenil sin cualificación en los momentos de mayor desarrollo.
Hoy lo estamos pagando. Esos jóvenes que se marcharon del sistema han sido masivamente expulsados del paraíso del empleo y contamos con un paro juvenil por encima del 40%. Chicos y chicas sin suficiente formación que tendrán muchas dificultades para reintegrarse al mundo laboral. Y la sociedad en su conjunto tiene responsabilidad en lo que ha sucedido. Lejos de apostar por una diversificación económica hemos repetido los errores del pasado con un nuevo monocultivo, o mejor con ese binomio construcción-turismo, siendo cada vez más dependientes en alimentación, por el abandono del mundo agrícola, y sin ser capaces de generar una actividad industrial adecuada a nuestras circunstancias, impulsando las nuevas tecnologías que ocupan poco territorio y generan mucho valor añadido.
Nuestras escuelas siguen enseñando como hace 20 años sin adaptarse a las nuevas realidades. El profesorado, especialmente en Secundaria, no recibe la formación adecuada para la labor que van a ejercer en las aulas; y su formación y actualización permanente no funciona en modo alguno, dependiendo mucho de la voluntad de cada uno. Muchas familias se ven en dificultades para seguir el devenir educativo de sus hijos y desde los medios de comunicación se inocula una cultura del éxito fácil que olvida la necesidad del esfuerzo para alcanzar metas en la vida.
Y, además, se producen recortes en los presupuestos educativos, al tiempo que no se logra establecer un programa claro de actuaciones prioritarias para alcanzar una Educación que pivote sobre la calidad y sobre la equidad, garantizando los máximos niveles de formación y siendo capaz de integrar a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Por cierto, sería interesante que la Administración asumiera sus responsabilidades y que no se tolere que la educación concertada siga siendo un coto cerrado, al que no acceden inmigrantes ni niños con dificultades de aprendizaje, derivados todos a la pública. La concertada no puede ser financiada con el dinero de todos si continúa al margen de cualquier control.
Toma de decisiones
Nos encontramos ante una encrucijada ante la que hay que tomar decisiones. Con rigor. Con consenso. Con perspectivas de futuro. No sólo es cuestión de recursos económicos, sino también de la clara orientación de las políticas educativas. En ese sentido, no puedo compartir salidas simplistas, como las del presidente Rivero cuando plantea la vuelta a la jornada partida como pócima frente al fracaso escolar. El problema no está en el modelo de jornada, sino en las carencias de un sistema que hace que buena parte de nuestros chicos y chicas no alcancen los mínimos básicos en comprensión lectora o en matemáticas en Primaria, condicionando gravemente sus posibilidades de avanzar. La calidad no se solventa, ni mucho menos, con las medidas implementadas por el Gobierno de Canarias, la acogida temprana y el refuerzo educativo, claramente insuficientes para abordar los retos y problemas pendientes.
Necesitamos más especialistas, profesores mejor formados, atención auténtica a la diversidad presente en las aulas. Y junto a ello, una Formación Profesional prestigiada atenta a la evolución de nuestro modelo económico, estrechamente vinculada con el mundo del trabajo; o mejorar decididamente en la impartición de los idiomas. Ahora estamos en medio del debate del Pacto Político y Social sobre la Educación, impulsado por el ministro Gabilondo y que puede tropezar con la partidaria estrechez de mira de los momentos preelectorales. Constituye una oportunidad para dar estabilidad al sistema educativo y para marcar prioridades que incrementen la calidad de este. Un Pacto que exige compromisos de todos los sectores que tienen que ver con la Educación: administraciones públicas, enseñantes, padres y madres y alumnado.
En el caso de las Islas, la situación está condicionada inicialmente por los duros enfrentamientos entre sindicatos docentes y administración, especialmente en el conflicto de la homologación. Se hace preciso superarlo. La Consejería ganó claramente esa batalla –aunque queda pendiente la definitiva resolución en los tribunales– y ahora debe ser consciente de que sin un profesorado estimulado y proactivo son imposibles los cambios en la Educación. Y los docentes, por su parte, deben entender que las mejoras retributivas en los servicios públicos –ahora mismo implanteables por la grave situación económica de nuestra tierra, con 300.000 parados y un futuro próximo nada halagüeño– deben ir acompañadas por mejoras en la prestación de los mismos.
Es hora de mirar al futuro. De establecer compromisos políticos y sociales que ayuden a modificar la actual situación de la Educación en el Archipiélago. Acercándonos a los países europeos más avanzados en inversiones educativas y, sobre todo, considerando a la Educación una absoluta prioridad para los gobiernos y la sociedad de las Islas. Para lograr mejores ciudadanos y ciudadanas, y gente más cualificada, con mejores posibilidades en el complejo mundo del trabajo. Para contribuir a una Canarias con mayor equidad y sin los abismos sociales y económicos que se reproducen con las carencias formativas de buena parte de su población.
Queda mucho por hacer y nadie –Administración, docentes, familias y alumnado– puede eludir sus responsabilidades en que las cosas cambien para que el sistema educativo canario responda a las necesidades de esta sociedad en pleno siglo XXI pero que continúa arrastrando numerosas lacras del XX. Porque el fracaso sería un fracaso colectivo que no nos podemos permitir como pueblo.
