El presidente del Gobierno de Canarias zanja la crisis de Añaza y acuerda con el Banco Santander la compra de las viviendas amenazadas por los desahucios. El Tribunal Supremo señala que serán los bancos los que tendrán que pagar los impuestos de las hipotecas. El Cabildo tinerfeño aporta seis millones de euros para evitar vertidos en Güímar.